A propuesta de la diputada del PRD, Teresa Inchaustegui Romero, se sancionará con pena de 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quien se beneficie de cualquier modo y obligue a una persona a realizar, participar, tolerar o soportar actos sexuales.
Entre las reformas destaca que a “quien enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoge o entregue para sí o para un tercero a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrá de 10 a 20 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días de multa”.
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